SOCIEDADES PASIVAS DEL EXTERIOR. AFIP exige su registración. Tema adelantado cuando se hizo el blanqueo.
La AFIP dispuso, mediante la Resolución General 4697, un régimen de información a cumplir por las entidades pasivas del exterior. Se trata de un instrumento previsto en la ley 27.260 de 2016 que habilitó el denominado "sinceramiento fiscal" o blanqueo durante el Gobierno de Mauricio Macri.
La Resolución toma lo dispuesto por la ley 27.260 y establece que la obligación de registro alcanza a los contribuyentes que posean más del 50% de la participación en sociedades del exterior que, a su vez, obtenga una renta pasiva (por ejemplo, las generadas por depósitos a plazo o inversiones financieras) que supere el 50% de sus ingresos brutos durante el año calendario. En este caso, los contribuyentes deberán informar una vez por año los datos que identifiquen a la entidad, el tipo de vinculación que los une, como así también el porcentaje que representan las rentas pasivas obtenidas por la entidad del exterior, en el año calendario que se declare, con respecto a sus ingresos brutos del mismo período
Este año se deberá presentar la información referida a 2019, como así también datos correspondientes a 2016, 2017 y 2018. "La implementación del registro de entidades pasivas en el exterior ofrecerá así trazabilidad sobre las inversiones extranjeras registradas a lo largo de los últimos años", precisó la AFIP.

QUIENES SON LOS VERDADEROS BENEFICIARIOS FINALES EN LAS EMPRESAS ? Hay que informar a la AFIP. Resolución General 4697 del 15.4.20
Dicha resolución se da en el marco de lo dispuesto en el  artículo 90 de la Ley N° 27.260, (Ley de Blanqueo) y sus modificatorias, que dispuso la creación de un “Registro de Entidades Pasivas del Exterior”.
El ente recaudador, según expone en sus considerandos, a los efectos de optimizar la acción fiscalizadora del Organismo, resuelve ampliar el citado régimen de información y requerir a los fondos comunes de inversión información adicional, como asimismo, incorporar para los sujetos obligados la obligación de informar a los “Beneficiarios Finales”, e implementar el registro aludido
De tal modo, en el Artículo 1, inc. 1, apartado e) de la referida Resolución la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció que las personas jurídicas deberán informar una vez al año quiénes son sus beneficiarios finales.}
El nuevo régimen informativo establecido por el organismo tiene como objetivo identificar a las personas humanas que posean participaciones en sociedades, asociaciones civiles, fundaciones y fondos comunes de inversión. La normativa representa un avance en materia de transparencia
La decisión de la AFIP dificultará así maniobras de ocultamiento de información sobre los verdaderos dueños de las distintas personas jurídicas, entidades o estructuras.
La normativa del organismo establece que los sujetos alcanzados deberán reportar la información sobre todas las personas humanas que posean capital o derechos de voto de una sociedad, persona jurídica u otra entidad contractual o estructura jurídica, o que por cualquier otro medio, ejerzan su control directo o indirecto.
Los datos sobre los beneficiarios finales deberán presentarse independientemente del porcentaje de participación que posean. Esto es, la nueva normativa de la AFIP no establece un umbral mínimo a partir del cual los sujetos alcanzados tienen que informar quiénes son sus beneficiarios finales.
En los casos que no sea posible identificar a las personas humanas que revisten la condición de beneficiarios finales, los sujetos obligados deberán informar como beneficiario final al presidente, socio gerente, administrador o máxima autoridad de dicho sujeto. En esos casos, la AFIP mantendrá sus facultades para verificar y fiscalizar las causas que llevaron al incumplimiento de la identificación de los beneficiarios.

POSIBLE AMPLIACIóN DE LA MORATORIA!!!!. Así lo afirmó el Ministro de Desarrollo Productivo.
En un entrevista el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y a modo de paliar la actual crisis que están viviendo las PYMES, sostuvo que analiza la posibilidad de que, cuando el Congreso vuelva a sesionar, se proponga una ley para ampliar la moratoria vigente permitida por la sanción de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en diciembre último. Nada dijo sobre si esta ampliación será de los periodos por los cuales existe la posibilidad de acogerse o sobre el plazo o sobre la tasa de interés.
Sería deseable que atento la grave crisis de las empresas se extienda hasta los vencimientos del mes de abril del 2020 por lo menos.